Dr. Rogelio Núñez
Con hechos a escala global, tales como La pandemia global del coronavirus Covid-19, tras golpear a China y a la UE empieza a extenderse en Latinoamérica alterando profundamente el panorama político, el electoral, así como el económico y social. En América Latina el debate entre salvar la economía vs preservar la salud se ha inclinado definitivamente por la segunda variable (la sanitaria): hasta los gobiernos que más trataban de eludir el parón económico (México y Brasil) han empezado a tomar medidas de distanciamiento social que más pronto que tarde conducirán a una hibernación económica.
Ante la crisis de corto (sanitaria) y de medio plazo (económica) los presidentes regionales han mostrado un amplio repertorio de medidas para afrontarlas. Desde el punto de vista sanitario, pueden dividirse en drásticas (ocho países han declarado cuarentena general), intermedias (fundamentalmente toques de queda) y parciales:
Una vez que casi todas las naciones de la región ya han diseñado sus planes de lucha contra la pandemia (cuarentenas o toques de queda) las principales acciones de los gobiernos van dirigidas:
A extender las medidas de aislamiento (el gobierno argentino ha prorrogado hasta el 12 de abril el cierre de las fronteras y el de Cuba recluyó a miles de turistas que aún permanecían en la isla en hoteles y casas alquiladas).
A implementar diferentes medidas para estimular la economía o aumentar la protección social a los más vulnerables. Chile y Perú son las economías que, hasta el momento, han adoptado políticas económicas más agresivas. Destaca el caso peruano que ha diseñado un programa de estímulo económico que asciende al 12% del PIB.
En el ámbito económico todo indica que en 2020 América Latina vivirá una contracción que el FMI estima en el -2%. Las medidas de confinamiento en los principales mercados de Latinoamérica y del mundo reducen el consumo, la inversión y tendrán un fuerte impacto en las exportaciones. Entre enero y marzo de 2020 en Brasil, las exportaciones se contrajeron un 6,9% respecto mismo periodo del año anterior; mientras que en Chile retrocedían un 6,6% y en Colombia en torno al 8%. Asimismo, las exportaciones desde Latinoamérica a China, para el primer bimestre del año, cayeron un 12% en términos interanuales, frente a un crecimiento promedio anual de cerca del 20% en las dos últimas décadas.
Un informe de S&P Global Ratings confirma que la mayoría de los países latinoamericanos entrará este año en recesión y no comenzarán a recuperarse hasta bien entrado 2021. Las peores previsiones del Producto Interior Bruto (PIB) las registran Argentina y México, con una contracción del 2,5% en 2020. Asimismo, Brasil y Chile caerían un 0,7% y un 0,2%, respectivamente, mientras que la economía colombiana registrará un crecimiento del 0,7%. Para 2021, las estimaciones de S&P apuntan a un crecimiento generalizado para todos los países: Colombia (3,8%), seguida de Chile (3%), Brasil (2,9%), Argentina (2,4%) y México (2,2%).
Esta crisis llega, por lo tanto, desde cuatro ámbitos:
Por la disminución del precio de las materias primas (el barril de Brent ha caído hasta mínimos no vistos desde hace 18 años, 22,76 dólares).
La reducción del turismo golpeará no solo a la gran potencia regional (México) sino a otros países como Guatemala (La Asociación Guatemalteca de Exportadores considera que la suspensión del turismo pone en riesgo 177 mil empleos directos y 450 mil empleos indirectos).
Caída de las remesas (solo para México se calcula en unos 6 mil millones de dólares).
Y por la retirada de capitales (más de 13 mil millones de dólares en lo que va de mes).
Para superar esta situación se requieren dos tipos de medidas:
A corto plazo para hacer frente a la alerta sanitaria y a los efectos económicos de las cuarentenas y toques de queda. Chile y Perú son las economías que, hasta el momento, han adoptado políticas económicas más ambiciosas. Destaca el caso peruano que ha diseñado un programa de estímulo económico que asciende al 12% del PIB (en Chile supera el 4%). Brasil ha puesto en marcha lo que el propio gobierno califica como “un presupuesto de guerra” que supone, según sus cuentas, el 2,6% del PIB: una inversión de aproximadamente 200.000 millones de reales (US$38.476 millones) para ayudar a los trabajadores, empresas, estados y municipios del país. El esfuerzo de Argentina ronda el 1%.
A medio plazo, América Latina va a requerir un “Plan Marshall” en el que a los recursos propios habrá que unir el de las instituciones de créditos mundial. Un plan Marshall que, dadas las limitaciones financieras y fiscales de los países latinoamericanos, va a depender, en gran parte, de la ayuda de las instituciones mundiales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son hasta ahora las únicas instituciones que están proporcionando fondos y líneas de crédito a los países en desarrollo. La ONU considera esta, una crisis sin precedentes y la respuesta debe ser proporcional, probablemente en el rango del 10% o más del PIB mundial.
Humberto López, vicepresidente interino del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dejaba entrever esta necesidad de un plan cuando en un artículo en el diario El País subrayaba que “esta es solo la primera etapa de nuestra respuesta a las necesidades que hay en la región. Estamos en conversaciones con muchos gobiernos más y otro grupo de países se sumará a esta lista en las próximas semanas. Lo que, es más, al mismo tiempo que estamos trabajando en atender la emergencia sanitaria, nos encontramos ya trabajando en la siguiente fase donde tendremos que afrontar el impacto social y económico de la crisis. Y no nos engañemos, las necesidades van a ser inmensas en el medio y en el largo plazo”.
inmensas en el medio y en el largo plazo”.
Estas instituciones internacionales van a cumplir un rol fundamental en tanto los estados latinoamericanos buscan la manera de reforzarse fiscal y financieramente para acometer
respuestas macroeconómicas contundentes a fin de poner en marcha la economía y disminuir el impacto sobre los sectores más vulnerables. Ese plan Marshall latinoamericano estaría destinado no solo a mantener la asistencia sanitaria y cubrir las demandas sociales (reforzar los sistemas estatales de contención social para que puedan asimilar el shock es fundamental) sino a dar cobertura a las cadenas de pagos y suministros de bienes esenciales para que no se interrumpan, así como garantizar el capital de trabajo (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).
Se trata de impulsar un conjunto de medidas de corto plazo, pero también empezar a diseñar e impulsar, por parte de los estados latinoamericanos, reformas estructurales, una vez que pase la crisis sanitaria. Como señalara Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica. Esas iniciativas internacionales deben acompañar e ir acompañadas de un esfuerzo interno porque la reactivación dependerá de los programas de estímulo y confianza de los inversionistas.
Estas instituciones resultan claves para movilizar las inversiones ya que los recursos necesarios para superar esta situación sobrepasan la capacidad financiera de estas naciones en las cuales el ahorro doméstico es insuficiente para suplir las grandes necesidades de financiamiento que van a tener tanto el sector público como el privado.
En este marco, el financiamiento de la banca multilateral de desarrollo resultará decisivo para incrementar la movilización de recursos en la región y encauzar el enorme esfuerzo para captar recursos financieros, para apoyar los actuales planes contracíclicos y los que se pondrán en marcha con el objetivo de reactivar las economías. Su papel es insustituible por su capacidad para obtener y canalizar fondos de terceros, especialmente del ahorro institucional.
Como apunta la Cepal, “la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se enfrentan a la presión fiscal. Deben, asimismo, considerar la posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y ofrecer alivio y aplazamientos de la deuda para aumentar el espacio fiscal”.
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Dr. Rogelio Núñez, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Universidad Complutense de Madrid). Es director del Centro de Estudios España-Cuba “Félix Varela” del Instituto de Política Internacional.
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