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El oficialismo ante la fragmentación política: consulta y elecciones seccionales en Ecuador

Opinión

Guillermo Abio Villegas 

  

El próximo 5 de febrero los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir alcaldías, prefecturas, y resolver una consulta plebiscitaria que plantea modificaciones constitucionales. También se elegirán miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). El ejecutivo central afronta estos comicios con el líder peor valorado de América del Sur en 2022 (Gallup), que no es poco decir, y como uno de los estandartes del centroderecha sudamericano en un contexto en el que la izquierda copa los principales sillones presidenciales del continente. Esta situación es resultado de un buen aprovechamiento del voto ‘de castigo’ antioficialista en los últimos años más que a un giro ideológico de la región. Así lo demuestran las victorias conservadoras de Lacalle Pou en 2020 o Lasso en 2021, también desde la oposición, o las dificultades de la izquierda para extrapolar esas victorias presidenciales a escala municipal y regional en grandes núcleos poblacionales como Lima, Buenos Aires, Santa Cruz, Sao Paulo o Rio de Janeiro, además de Montevideo o Asunción, donde el centroderecha también retiene la presidencia a nivel nacional.En el caso de Guillermo Lasso, la segunda mitad de su mandato se verá muy influenciada por el Paro Nacional que enfrentó su gobierno en junio de 2022, también en el marco de una oleada regional de protestas en la que se han visto envueltos en los últimos años Chile, Bolivia, Brasil o Perú. La mencionada consulta que acarreará modificaciones constitucionales ha sido el núcleo de la propuesta política de Lasso para aplacar las movilizaciones. También la violencia marca la agenda: esta ha sido la campaña más sangrienta en la historia democrática del país, en un clima de avance de las pandillas y de fuerte inseguridad en las cárceles.  La consulta promovida desde el ejecutivo consta de ocho preguntas que no van en bloque. Es decir, podrían aprobarse seis y rechazarse las dos restantes. Versan sobre tres temas: seguridad, institucionalidad y medio ambiente. 


En el primer bloque (seguridad) se votará la aprobación de la extradición de ecuatorianos para delitos relacionados con crimen organizado transnacional y la extensión de las funciones de la Fiscalía para sancionar a sus propios servidores. En el segundo (institucionalidad / “fortalecimiento de la democracia” en términos del gobierno), la disminución del número de miembros de la Asamblea Nacional (AN), establecer un mínimo de afiliados a los partidos para detener la fragmentación del arco político, que la AN asuma la facultad de designar autoridades en detrimento del CPCCS, y modificaciones en los procesos selectivos del propio CPCCS y otros órganos de control como la Procuradoría, Contraloría o el Consejo Electoral. Finalmente, en el tercer bloque (medio ambiente) se decidirá la implementación de un sistema de protección de las fuentes hídricas nacionales y compensaciones a personas o comunidades que “protegen los bienes ambientales”, en un claro guiño a las comunidades indígenas. 


Cabe destacar que la Corte Constitucional tumbó una novena pregunta, posiblemente de las más relevantes, que pretendía permitir el apoyo de las FFAA en funciones policiales. Es relevante en tanto que señala cómo ciertos sectores de la política latinoamericana han asumido como eficaz una doctrina al estilo Bolsonaro y Bukele, y que estos líderes pueden haber sentado un precedente relevante con este empleo poco ortodoxo de las FFAA. Incluso Pedro Freile, principal baza conservadora para la Alcaldía de Quito, ha llevado el ‘modelo Bukele’ de seguridad como principal estandarte de su campaña. 


Todas ellas son preguntas difícilmente rechazables por una sociedad deseosa de cambios a la que se le ofrecen falsas soluciones a sus inquietudes. El gobierno ha articulado un discurso inteligente, asumiendo parte de las limitaciones de su propuesta y haciendo campaña bajo el mantra de que únicamente deben verse como una primera piedra en el camino hacia la mejora.  


La realidad es que el gobierno necesita de la consulta tanto o más que la propia ciudadanía. Le urge un espaldarazo y poder enseñar, por fin, algo de músculo social y político. El Washington Post lo describe como “una acción desesperada para ganar algo de legitimidad” por parte de “un gobierno desgastado e incapaz de mirar el panorama con más amplitud”, y que, cabe añadir, llega en medio de un gran escándalo de corrupción en el círculo cercano al presidente Lasso (Caso Encuentro o Gran Padrino). 

Esa desesperación ha sido el núcleo del argumentario de una oposición que no ha hilado fino en la selección de sus prioridades de campaña. El lema del empleo político de la consulta ha prevalecido sobre el principal problema que esta puede generar a ojos del público: la concentración de poder en torno al legislativo (Asamblea Nacional) y sus miembros, dado que absorbe competencias del CPCCS y se incrementa el poder ‘per capita’ de cada uno de los asambleístas con la reducción de miembros. Se mejorará la posición de un órgano cuyo índice de aceptación oscila entre el 8 y el 11%, y se aumentará el peso relativo de Guayas y Pichincha en detrimento del resto de provincias. La oposición no ha incidido en ello lo suficiente, posiblemente por interés propio ya que también es legisladora. 


La consulta es una apuesta fuerte del gobierno, que con toda probabilidad resultará exitosa y le dará algo que vender en el camino hacia las mejoras que demanda la sociedad (principalmente, inseguridad, pobreza y desempleo). Lo difícil será que estos cambios ofrezcan resultados reales. En clave departamental 


El 5 de febrero también saldrán electos 23 prefectos y 221 administraciones municipales.  

Escribía Josep Piqué hace unas semanas en La Vanguardia que los sistemas presidencialistas de América Latina han favorecido el surgimiento de plataformas personalistas (terreno fértil para populistas). Estas a su vez han multiplicado la fragmentación y la solubilidad en el sistema de partidos, llevando a una amalgama de plataformas, formaciones y coaliciones de difícil seguimiento, también a nivel regional y municipal. Ecuador es buena muestra de ello: de los 107 alcaldes que buscan la reelección este domingo, casi la mitad (47), lo hará con una organización política distinta a la que los condujo al poder en 2019.  


La proliferación de plataformas políticas ha jugado además un papel determinante para el desgaste en las relaciones entre ejecutivo y legislativo. Han complicado las interlocuciones y han trasladado inercias rupturistas ante desacuerdos. Atajarla de cara al futuro es el objetivo subyacente de la pregunta cuatro de la consulta (que establece requisitos mínimos de afiliados), pero, de cara a estos comicios, tanto el voto progresista como el conservador llegan notablemente fragmentados. 


En la izquierda, la columna vertebral viene articulada por hasta seis formaciones que reflejan, por un lado, las alternativas que siempre han sabido distanciarse del correísmo, y, por otro, la segregación de este movimiento en los últimos años. Conviven el actual partido de Rafael Correa (MRC) y el movimiento MOVER, antigua Alianza País, con el que el propio Correa alcanzó la presidencia en 2007 y que, desde la consolidación de Lenín Moreno, es uno de sus principales rivales. A ellos hay que añadir el partido indigenista Pachakutik, el radical Unidad Popular, la tradicional Izquierda Democrática, y el movimiento Democracia Sí, estos dos últimos de vocación más centrista. 


El domingo se medirá el apoyo electoral de estas formaciones y el peso del correísmo en la izquierda. Garantizar las reelecciones en Pichincha y Manabí y asegurar un 15-20% de respaldo popular a Pabel Muñoz en Quito serían motivos suficientes de alegría en las filas correístas. Un buen resultado de Aquiles Álvarez en Guayaquil redondearía la noche. El MRC podría lograr una buena posición de partida en el panorama electoral del país para los próximos años, a pesar de las importantes fracturas internas que padece. 

El voto de derecha se concentrará en torno al Partido Social Cristiano, convertido en la principal oposición a Lasso en la AN (ideológicamente debería ser su apoyo, pero insistimos en la pérdida de peso de las ideologías en el continente en favor de una política más personalista), el movimiento CREO, plataforma electoral de Lasso, el Partido SUMA y el movimiento RETO, con opciones reales de ganar la alcaldía de la tercera ciudad del país, Cuenca. 


A este lado del espectro político también se han manifestado las dificultades para detener la fragmentación. A la Alcaldía de Quito concurren hasta cuatro candidatos de centroderecha (Páez, Coloma, Alarcón y Freile), que aglutinarían en torno al 30% de intención de voto de haber presentado una lista conjunta. Al concurrir separados, prácticamente dejan la alcaldía capitalina a merced de una carrera por la izquierda entre Pabel Muñoz y Jorge Yunda y de la inhabilitación judicial que este último tiene pendiente, que podría incluso confirmarse antes del domingo. 


Una victoria izquierdista en Quito junto con la casi garantizada continuidad de Cynthia Viteri (PSC) en Guayaquil a pesar del escándalo de las adjudicaciones a su marido (como suele decirse, que levante la mano [la administración ecuatoriana] que esté libre de pecado), contribuirá a preservar un equilibrio estabilizador para la política nacional que se ha mantenido durante buena parte de este siglo. La prolongación de este contrapeso entre el Quito (y Pichincha) progresista y el Guayaquil (y Guayas) conservador será otro elemento clave a observar el día 6. 

  

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Autor: Guillermo Abio Villegas 

  • Grado en Relaciones Internacionales 

  • Máster universitario en Geopolítica y Estudios Estratégicos 


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