top of page
  • Centro para el Bien Común Global

Ecuador: ¿Un laboratorio ideal para la terapia de shock?

25 DE ENERO DE 2024

Ecuador no deja de inaugurar sus “primeros tiempos”. Tras cerrar 2023 siendo el país más violento de América Latina[1], este inicio de 2024 ha estado marcado por un nuevo episodio de medidas “nunca antes” tomadas por el gobierno y que sitúa a este pequeño país sudamericano en la actualidad mundial. La declaración de Estado de Excepción acompañada de la mención de Conflicto Armado Interno[2] dibuja un nuevo horizonte en el que la declaración de guerra al crimen organizado y al terrorismo se convierten en objetivos estratégicos y narrativa política primaria. El clímax se produjo el 9 de enero de 2024 cuando estallaron bombas en varios puntos del país, bandas criminales salieron a las calles para desafiar, saquear comercios y atemorizar a la población. Fueron atacados instituciones públicas, hospitales, universidades y centros comerciales. Incluso hubo un confuso episodio de toma de un canal de televisión en vivo por parte de un grupo de delincuentes encapuchados que afortunadamente terminó con su arresto y sin vidas que lamentar. En las cárceles fueron secuestrados guías penitenciarios y en redes sociales se difundieron videos con mensajes amenazantes contra la vida de los funcionarios y anunciando más represalias en las calles. Las razones de tal estallido de violencia surgieron en dos frecuencias ambiguas pero diferentes: por parte del gobierno, fue el resultado de la mano dura que comenzaba a aplicarse contra el crimen organizado en las cárceles y en las calles; Por parte de las pandillas, la fuga de prisión del líder criminal alias “Fito”, jefe de una de las bandas al servicio del Cártel de Sinaloa, reconfiguró los equilibrios de poder. La jornada acabó con once muertos.


Todos estos acontecimientos concomitantes, para muchos retransmitidos en directo a través de las redes sociales, sumieron al país en el pánico. La jornada laboral fue interrumpida, los estudiantes y trabajadores fueron enviados a casa y los ciudadanos sólo pensaron en reunirse de forma segura con sus familias en sus hogares. El miedo, que ya llevaba varios meses latente en la vida cotidiana, alcanzó su paroxismo y con él, una demanda generalizada de medidas urgentes y contundentes, traducida en un clamor por una mayor presencia de militares y policías en las calles, la rendición total de el poder del mandante y la aplicación en su nivel más alto de la fuerza legítima por parte del Estado.

La respuesta del Estado no tardó en llegar y con ella la incorporación de la narrativa de guerra en instancias políticas y mediáticas. Tanto es así, que el pasado 9 de enero se hizo pública la designación de 22 bandas criminales como objetivos militares con categoría de terroristas. Esto sugería un tratamiento que, además de una grandiosa declaración para marcar prioridad estatal, tendría nuevas implicaciones legales que pondrían a Ecuador en un camino de no retorno.

 

Al declarar al Ecuador en situación de conflicto armado interno, se perfecciona la idea de que existe un enemigo reconocible que ha establecido control sobre ciertos territorios del país, el cual además cuenta con una estructura jerárquica, entrenamiento y armamento de tipo militar, por lo tanto, con un mando, y que, finalmente, se enfrenta a la autoridad legítima del Estado.

Asimismo, en sentido estricto, y tal como lo contempla el Decreto Presidencial, el enemigo armado pretende, con sus acciones violentas, alcanzar objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: “demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones”. identidad; oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un Gobierno, que en ambos casos motiva la lucha por acceder o erosionar el poder; o al control de recursos o territorio” (Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 2008). Nombrar a cada una de las organizaciones armadas involucradas en el decreto y declararlas objetivos militares equivale a reconocer su existencia y estructura y sugerir que sus objetivos pueden tener otros aspectos además de los meramente criminales.

La declaración implica también que la situación de conflicto interno no internacional en Ecuador debe ser reconocida por la comunidad internacional, ya que a partir de ahora el Derecho Internacional Humanitario regirá las hostilidades que se produzcan en el marco de dicho conflicto y que abran la posibilidad de ser judicializadas. en tribunales internacionales (Comité Internacional de la Cruz Roja 2008).

El hecho de calificar de terroristas[3] a los protagonistas armados de este conflicto y recurrir al excepcional marco jurídico penal en la figura del terrorismo, equivale a admitir el carácter incontrolable del poder de las estructuras organizadas a las que se quiere enfrentar y la imposibilidad de hacerlo mediante la aplicación tradicional de la ley y la aplicación penal.

 

Si bien la declaración se presenta luego como un mensaje contundente y decisivo para la lucha contra las pandillas organizadas, también revela un reconocimiento público por parte del gobierno de que el Estado ecuatoriano ha perdido el control sobre su territorio soberano y sobre la gestión de sus instituciones. . También revela la debilidad del Estado, el mal estado de la planificación estratégica y las capacidades de inteligencia, el debilitamiento de las entidades de supervisión y control, y el mal estado de salud del poder judicial.

En otras palabras, el gobierno presenta al mundo y a los ciudadanos un Ecuador inviable, que requiere medidas contundentes para rescatarlo, incluso por encima de los altos costos en términos de soberanía y sacrificios para la población.

La seguridad como caballo de batalla para una promesa de paz

Las condiciones logísticas, especialmente de las Fuerzas Armadas que ahora deben ingresar con todas sus capacidades para controlar el territorio, requieren de un fortalecimiento urgente que ya se viene discutiendo desde el mandato del presidente Lasso.

Así, en octubre de 2023 se firmó el “Estatuto de Fuerzas” entre el gobierno de Ecuador y los Estados Unidos de América y se encuentra a la espera de la aprobación de la Corte Constitucional. Este acuerdo establece, entre otras cosas, y sin beneficio de inventario, un estatus privilegiado para militares, personal civil de la Secretaría de Defensa y contratistas estadounidenses en sus acciones en suelo ecuatoriano; autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre este personal mientras se encuentre en territorio ecuatoriano; autoriza a este personal a no pagar impuestos en Ecuador.It también otorga la facultad a las aeronaves y barcos manejados por este personal de ingresar y salir del territorio cuantas veces sea necesario y con exención de impuestos por el uso de puertos y aeropuertos. También podrán utilizar instalaciones militares ecuatorianas, así como el espectro radioeléctrico del país (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2023).

 

La oferta inmediata de cooperación de Estados Unidos, tras la ola violenta del 9 de enero, acelerará sin duda la validación del acuerdo y la ayuda se implementará sin demora. La visita de una delegación norteamericana que comenzará el 22 de enero precisará las directrices de esta ayuda, cuyo marco ya ha sido ampliamente acordado.

Entre otras elocuentes medidas para combatir el crimen organizado, el Presidente Noboa también anunció y presentó ante la Corte Constitucional una batería de 20 preguntas para una Consulta Popular al pueblo ecuatoriano. La mayoría de las preguntas (el primer paquete de 11 preguntas enviadas a la Corte el 2 de enero de 2024) que ya han sido analizadas por los constitucionalistas muestran un carácter puramente retórico ya que algunas de las medidas que se pretendería implementar, si una mayoría favorable se obtuvieron, ya están vigentes o no requieren la implementación de reformas constitucionales[4] (Primicias 2024).

 

Como novedad, sin embargo, en lo que respecta específicamente a la seguridad, en el segundo paquete de 9 preguntas enviado para análisis el 8 de enero, el gobierno propone la extradición a Estados Unidos de ciudadanos ecuatorianos vinculados al crimen organizado, propuesta que ya había sido realizada. . fue rechazado en la última consulta popular propuesta por el expresidente Lasso en febrero de 2023. Además, pregunta por la posibilidad de indultar a policías, militares y guardias penitenciarios en procesos en los que estén involucrados en el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes, así como juzgar en tribunales especializados (Primicias 2024).

 

Finalmente, como propuesta faro, que era una promesa de su campaña electoral, Daniel Noboa reiteró su intención de construir mega cárceles de alta seguridad[5]. Enfatizó ante los medios que el modelo se tomará de experiencias existentes: “Serán iguales, porque es la misma empresa, bajo el mismo diseño, que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador” (El Comercio 2024). Estos estarán ubicados en las provincias de Pastaza (Amazonía)[6] y Santa Elena (costera).

Los acuerdos, decisiones y hechos ocurridos con enorme intensidad han seguido una secuencia lógica, ya que a más violencia se ha respondido con más ofertas de seguridad y más miedo, menos reservas para la consecución de medidas extremas. El guión parece coherente y sigue su curso.

 

La guerra cuesta y alguien tiene que pagar

En medio del caos que va in crescendo desde hace varios meses, una situación social y económica muy crítica en el país, y con una población aún bajo el trauma de la ola de violencia desatada, el gobierno envió un proyecto de ley urgente al legislativo . implementar un aumento de 3 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pasaría del 12 al 15%. Como justificó Noboa: “Hay que tomar medidas económicas duras y hay que estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero” (Agencia EFE 2024).

Pero el alineamiento al que se refiere Noboa ya estaba en marcha apenas asumió el poder en noviembre pasado cuando su propuesta de Ley de Eficiencia Económica y Promoción del Empleo, que en sus grandes líneas permitía un régimen amplio de exenciones tributarias para las zonas francas y la devolución de el impuesto al valor agregado a proyectos inmobiliarios que beneficiarían principalmente a su tía Isabel Noboa, dueña de una de las corporaciones empresariales e inmobiliarias más poderosas del país.

 

Los pronunciamientos del presidente continuarían entonces allanando el camino hacia una clara intención de reducir el tamaño del Estado, mediante recortes presupuestarios y despidos masivos en el sector público, propuestas de reformas legales encaminadas a la privatización de las empresas públicas y de los recursos estratégicos del Estado[ 7], continuidad de la explotación petrolera en áreas protegidas como Yasuní a pesar de la aprobación de una consulta popular que dicta detener dicha explotación[8].

El ejecutivo también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la focalización de los subsidios a los combustibles, un tema delicado que ya llevó a la paralización de todo el país en 2019 y 2022 por sus implicaciones en el costo de vida de los ciudadanos[9].

El proyecto de consulta popular también aborda el tema de política económica al plantear una pregunta sobre la inversión extranjera y el reconocimiento del arbitraje internacional “para que a los inversionistas extranjeros se les ofrezca un ambiente adecuado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y fortalezca la dolarización”. También pretende impulsar una reforma para flexibilizar el trabajo por horas y de duración determinada (Firsts 2024).

 

Finalmente, y debido al corto plazo que ha asumido, Noboa planea modificar la Carta Magna para “permitir al Presidente de la República calificar como leyes urgentes proyectos de ley que no se refieran sólo a materia económica” y así ampliar su radio de acción en varias áreas.

 

¿Qué modelo para el país?

A la luz del análisis anterior nos preguntamos: ¿Cuál es el modelo de país que se propone? ¿Uno cuya prioridad es consentir a los acreedores de la deuda externa, achicar el Estado, ceder soberanía para responder a intereses extranjeros y transnacionales, facilitar las privatizaciones, la capitalización de recursos renovables y no renovables con fines económicos corporativos? ¿Uno que apacigue la violencia condenando a toda una generación de jóvenes a la estigmatización social, dejándolos a la deriva?

¿O, por el contrario, uno que busque fortalecer al Estado para que pueda desempeñar plenamente su papel de regulador político, social y cultural y buscar recuperar el tejido social erosionado?

 

En un país donde la pobreza afecta al 27% de la población; en el que la realidad de 4,8 millones de personas es vivir con menos de 3 dólares al día; en el que el 60% de la población activa está ocupada informalmente; en el que 200.000 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años han abandonado la escuela y son el caldo de cultivo ideal para el reclutamiento criminal, la política social no debe ser un simple saludo a la bandera, sino una cuestión de absoluta prioridad si pretende combatir de verdad crimen organizado en varios frentes.

Pensando en el futuro….

 

Se observa una tendencia global hacia la reedición de un modelo desregulador de mercado que se aplicó en la década de 1990 en varios países del mundo, incluido Ecuador. Esto, que consistió en una transformación de la economía a través de la reducción de impuestos, el libre mercado, la privatización de los servicios y los recortes del gasto social, no tuvo resultados favorables en términos de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y solución a la pobreza, la marginación y la situación social. exclusión.

En concreto, para Ecuador, según el experto económico Fernando Martín Mayoral, la receta implementada por el FMI en 1994 a través de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que permitió la desregulación del sistema bancario, llevó a un colapso del sistema financiero. que condujo a la peor crisis financiera del país en 2000 y que resultó en la dolarización de la economía. En el período 1995-1999 “El país experimentó uno de los procesos de empobrecimiento más acelerados en la historia de la región y una acelerada concentración de la riqueza” (Martín 2009). Se produjeron privatizaciones de empresas públicas, especialmente en los sectores del petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones para hacer frente al déficit público ya que en 1999 la deuda superaba el 100% del PIB. Incluso en 1995, hubo una guerra contra el Perú que llamaría al pueblo a identificar un enemigo fuera de las fronteras.

 

Estas oleadas de implementación del neoliberalismo agresivo, ampliamente documentadas y teorizadas en la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, requieren condiciones ideales para ponerse en marcha. Los escenarios favorables se alcanzan después de un primer shock, un golpe traumático a toda una sociedad, como una catástrofe natural, una toma violenta del poder o una guerra. Sobre este tejido colectivo anestesiado por el miedo y la inquietud, y anhelando un nuevo comienzo, se produce un segundo shock, consistente en drásticas medidas de ajuste económico acompañadas de un refuerzo de la vigilancia y el control coercitivos bajo promesas de generación de nuevas oportunidades. en un nuevo marco de orden y progreso (Klein 2014).

 

En medio de esta tormenta perfecta, las medidas privatizadoras a través de la concesión de servicios y sectores estratégicos a las corporaciones, el aumento de impuestos, la precariedad de las condiciones laborales, la regresión de derechos y las alianzas entre la política y los intereses corporativos que otorgan grandes privilegios a las elites económicas y financieras, no encuentran mayor resistencia social. En pleno colapso, todo cambio se presenta como una posibilidad de reconstrucción sobre las ruinas. Sin embargo, estas reformas van acompañadas del refuerzo del control coercitivo y del predominio de los medios de comunicación y del mensaje político de quienes están en el poder, apaciguando así las posibilidades de protesta popular. En estos contextos de cambios radicales, las luchas por los derechos tienden a ser demonizadas y gozan de poco apoyo. Por su parte, los anuncios de cruzadas antiterroristas tienden a encontrar simpatía por su promesa de orden y protección, que ofrece un terreno favorable para la instalación de los tentáculos del complejo militar-industrial con todos sus servicios (tecnología, servicios penitenciarios, servicios privados). seguridad, etc.) El papel del Estado queda en un segundo plano y sirve más que nada para tramitar las medidas y darles una cierta legitimidad política y discursiva. La política social, por su parte, sigue siendo un mero espejismo (Klein 2014).

 

Ecuador entró en una nueva etapa, esta vez claramente llamada “guerra”, en la que se designa un enemigo incierto y se alimenta de condiciones sociales y económicas que no parecen estar en las prioridades de atención en el corto plazo. También coincide con el poder ejecutivo y legislativo en manos de sectores políticos de todos lados, que responden en mayor o menor medida a intereses corporativos y/o criminales. En el campo discursivo se nutren con mayor fuerza las narrativas de odio y estigmatización social y racial, mostrando descaradamente las posiciones extremas de ciertos sectores de la población frente a otros.

 

A todo lo anterior se suma una situación económica al límite, con una deuda externa que se estima en más de 63 mil millones de dólares, de los cuales 8 mil millones corresponden a diversos préstamos contratados con el FMI y que condicionan por tanto la política económica. Un elevado déficit fiscal, que ronda los 5.000 millones de dólares, significa que el país sigue sujeto a préstamos externos y, por tanto, a más restricciones para decidir sobre sus asignaciones presupuestarias. (Secretaria de Comunicación de la Presidencia 2023).

En este escenario de batalla, las campanas anuncian privatizaciones, reducción drástica del tamaño del Estado, aumento de la vigilancia y control de seguridad, alianzas con fuerzas extranjeras, flexibilización laboral, ampliación de las estrategias extractivistas con su corolario de despojo de territorios, en fin, muchas de los ingredientes de la terapia de shock de la que habla Klein.

 

Ante esto, los grupos organizados son incapaces de captar la atención de una ciudadanía que aún se encuentra desorientada y desesperada por lo que acaba de suceder. Tampoco logran articular una respuesta lo suficientemente estructurada como para contrarrestar y reclamar ante el presidente y otros poderes, el legítimo derecho a participar en las decisiones, o incluso consultar sobre sus implicaciones y consecuencias.

 

¿Es Ecuador un laboratorio donde se están configurando las condiciones ideales para un nuevo shock, esta vez más acelerado y de mayor magnitud? Aún no podemos decirlo con certeza, pero varios indicios nos llevan a considerar esta posibilidad. Sin duda, a muy corto plazo, las decisiones y los acontecimientos lo dirán…

Autor:

María Dolores Ordóñez

  • Investigadora en Formación Programa de Doctorado EELAT / Uiversidad de Alacá de Henares

  • Investigadora en Formación (FPI) / Universidad de Alcalá de Henares

 

Trabajos citados:

[1] La policía nacional del Ecuador registró, en diciembre 2023, una tasa de 40 asesinatos por cada 100mil habitantes y la cifra nunca antes alcanzada de 7497 muertes violentas.

[2] El texto integral del Decreto Ejecutivo No 111 del 09 de enero 2024 en el siguiente enlace https://www.comunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Decreto_Ejecutivo_No._111_20240009145200_20240009145207.pdf

 

[3] Nótese al respecto lo emitido por un Informe de la Cruz Roja Internacional: “Es evidente que la mayor parte de las actividades emprendidas para prevenir o reprimir los actos de terrorismo no equivalen a un conflicto armado ni implican su existencia. La campaña contra el terrorismo se libra utilizando una multitud de medios tales como la recolección de información de inteligencia, la cooperación policial y judicial, la extradición, las sanciones penales, la presión diplomática y económica, las investigaciones financieras, el congelamiento de activos, los esfuerzos para controlar la proliferación de armas de destrucción en masa, entre otros, los cuales no implican el uso de la fuerza armada. Se señala además que ningún conjunto de derecho, por sí solo, puede garantizar la represión absoluta de los actos de terrorismo, porque el terrorismo es un fenómeno que, como otros, sólo puede erradicarse atacando sus causas profundas, no sus consecuencias” (Comité Internacional de la Cruz Roja 2003).

[5] Nótese que el Decreto ejecutivo No 111 del 09 de enero 2024, la exposición de motivos toma como referencia el Informe del Subcomité para la Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes que estipula como recomendación que a futuro se construyan cárceles más pequeñas y manejables en vez de megacárceles tal como se ha hecho durante el gobierno de Rafael Correa. 

[6] El proyecto en la Amazonía ya recibió el rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) pues se pretende construir la cárcel en territorios de los pueblos y nacionalidades, afectando así su hábitat de vida además del turismo que es una de las principales actividades productivas de la zona.

[7] Esto refiere a la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Competitividad energética que permite en adelante abrir el mercado a empresas privadas para la comercialización de la energía. 

[8] Argumentando la prioridad y el coste de la crisis de seguridad, Daniel Noboa anunció el 23 de enero que propondrá una moratoria para seguir explotando el petróleo del bloque 43 pese a la resolución de la consulta popular que dicta detener esta explotación (El Mercurio 2024). 

[9] Aun no se cuenta con un pronunciamiento oficial sobre la forma en que se dirigirán los subsidios, pero según el ministro de economía y finanzas “se lo seguirán proporcionando a los que realmente lo necesiten, procurando evitar en contrabando a Colombia y Perú, los que no lo reciban deberán pagar el precio de producción real de las gasolinas y el diésel” dejando así sobrentender que se dejarán de aplicar sobre estos dos últimos combustibles, con las consecuencias que aquello acarreará sobre los costes de producción de productos de primera necesidad.


2 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Bình luận


bottom of page