La (casi) ejemplar descolonización española del Sahara

Por Agustín Conde Bajén

               Hace algo menos de medio siglo que España salió del Sahara. Desde entonces han quedado sentadas varias ideas en la opinión pública: que España abandonó precipitada y cobardemente a los saharauis, dejando el territorio a las primeras de cambio; que España está en deuda con los saharauis y el Frente Polisario; y que Marruecos actuó con inteligencia, pero con absoluta vulneración del Derecho Internacional. De esas tres ideas solo la tercera me parece cierta, y a lo largo de estas líneas trataré de argumentarlo.

              En esa tendencia tan española de despreciar cuanto hemos hecho bien (los mayores culpables de la Leyenda Negra somos los propios españoles, básicamente por omisión) se ha asentado la idea de que España acometió la descolonización de su última colonia, el Sahara Español, de modo desordenado y abrupto, lo que no es verdad. Conviene poner en contexto el caso español con el de otras potencias coloniales para ver la diferencia entre unos y otros procesos descolonizadores y las consecuencias que tuvieron en sus respectivas metrópolis.

               Alemania perdió todas sus colonias como consecuencia de su derrota en la I Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 disponía la cesión del imperio colonial alemán a las potencias vencedoras, fundamentalmente a Francia, Inglaterra y Bélgica, pero también a Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Japón y la Unión Sudafricana.  Digamos que Alemania no hizo su descolonización, sino que se la hicieron por la fuerza. La de Italia se produjo del mismo modo, es decir, que perdida la II Guerra Mundial, el Tratado de París de 1947 supuso la desaparición del imperio colonial italiano.

             La descolonización francesa no fue precisamente un modelo a seguir. Señalaremos solo dos ejemplos. Francia se resistió a la descolonización de Indochina (hoy Vietnam) y fue derrotada en 1954. De esa derrota surgió al año siguiente la más que conocida Guerra de Vietnam, ya con Francia fuera del terreno, que duró la friolera de veinte años y causó entre cuatro y seis millones de muertos según distintos cálculos. Perdida Indochina, Francia no estaba dispuesta a perder también la siguiente colonia que reclamaba su independencia, que fue Argelia. La guerra de Argelia empezó el 1 de noviembre de 1954 y concluyó el 18 de marzo de 1962 con los Acuerdos de Evián. Por el camino quedaron cerca de doscientos mil muertos, una crisis política que acabó con la IV República Francesa, dando lugar a la V, y que a punto estuvo de sumir a Francia en una guerra civil.

            Portugal tuvo que hacer frente a movimientos insurreccionales en sus colonias de Angola (desde 1961), Guinea-Bissau (1963) y Mozambique (1964) que desembocaron en guerras abiertas a las que el país vecino tuvo que destinar hasta el 40% de su presupuesto nacional y hubo de desplazar a ultramar a 190.000 hombres, la práctica totalidad de sus fuerzas militares. Tras unos 130.000 muertos en ambos bandos, el 25 de abril de 1974 un golpe de estado (la llamada “Revolución de los Claveles”) depuso al gobierno y acabó con las guerras coloniales.

               Este es el contexto en el que España se enfrenta a la necesidad de descolonizar sus últimas colonias por mandato de las Naciones Unidas, y digamos que los ejemplos en los que España podía mirarse no eran precisamente esperanzadores. Es más, España tenía muy fresco en la memoria lo que era afrontar un movimiento insurreccional en una colonia y su resultado inevitable. Nos referimos al caso de la Guerra de Ifni, iniciada el 23 de noviembre de 1957 y que duró hasta el 30 de junio de 1958 causando casi cuatrocientos muertos o desaparecidos y unos seiscientos heridos en el bando español, y unos ocho mil muertos en el bando marroquí. Diez años después del fin de esa guerra, el 30 de junio de 1969, España arriaba su Bandera y se retiraba de la colonia.

               Pero España también sabía lo que era afrontar la descolonización de un territorio de forma ordenada y con pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas, como fue el caso de Guinea Ecuatorial. En las provincias de Río Muni y de Fernando Poo, que constituían la llamada Guinea Ecuatorial, se convocó un referéndum celebrado el día 15 de diciembre de 1963 sobre la concesión de autonomía al territorio y en el que el 67,5% de la población se mostró favorable a la misma. Como resultado, se constituyeron un parlamento democrático, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial, un Gobierno Autónomo, un Poder Judicial independiente, y se suprimió el cargo de Gobernador de la Guinea Española sustituido por el de Delegado del Gobierno en el territorio, que conservaba, eso sí, amplios poderes en materia de seguridad. Entre marzo y mayo de 1964 se celebraron elecciones locales y provinciales y se constituyeron las instituciones correspondientes. El 30 de octubre de 1967 se inauguraba en Madrid la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial que tenía como propósito dotar de una constitución al futuro país y preparar el referéndum sobre la independencia del mismo.  El 11 de agosto de 1968, supervisado por Naciones Unidas, se celebró el citado referéndum convocado por el Gobierno de España. Un 64,5% de la población estuvo a favor de la independencia y un 35% en contra. Reconocida por el Gobierno la voluntad mayoritaria a favor de la independencia, entre el 22 y el 29 de septiembre de 1968 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. El Decreto 2467/1968 de 9 de octubre disponía que “se reconocen los resultados electorales proclamados por la Comisión Electoral de Guinea con fecha 2 de octubre del corriente año, y en su virtud se tiene al excelentísimo señor don Francisco Macías Nguema como presidente electo de la República de Guinea Ecuatorial”; y así mismo se proclamaba que “se declara independiente el territorio de Guinea Ecuatorial a partir de las doce horas del día 12 de octubre del corriente año, en cuyo momento tendrá lugar la ceremonia de entrega de poderes al presidente electo”. Así acabó el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial, sin guerra, sin enfrentamientos, sin vacío de poder, respetando la voluntad popular democráticamente expresada (lo cual era más que notable teniendo en cuenta que en España había un régimen dictatorial) y dejando un estado viable. En solo cinco años se preparó al país para tener unas instituciones formadas, un gobierno, un parlamento, un poder judicial y una administración local. Es decir, que llegado el momento España sabía muy bien cómo hacer en el Sahara una descolonización no traumática y respetuosa con el Derecho Internacional.

              La relación de España con el Sáhara ha tenido distintas etapas que tradicionalmente se han clasificado así:

1. Colonial

2. Asimilista

3. Descolonización ordenada

4. Independentista

5. Retirada unilateral

1. Colonial: Fue la más extensa en el tiempo, y duró desde el siglo XIX hasta la década de 1950. El título jurídico de España sobre el Sahara data de 1884, cuando España reclama en la Conferencia de Berlín el territorio comprendido entre el cabo Bojador y el cabo Blanco basándose en el control que España tenía de ambas plazas. Durante la mayor parte del siglo XX la gestión del Sahara estuvo encomendada a la Dirección General de Marruecos y Colonias, creada por Real Decreto de 15 de diciembre de 1925.

   
   

2. Asimilista: Iniciada la descolonización mundial por virtud de lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, España (como también trataron de hacer algunas otras potencias coloniales con determinados territorios) se resistió a perder sus últimas colonias tratando de asimilarlas de algún modo al territorio nacional aunque, como veremos, muy pronto se abandonó esta idea consciente el gobierno de que la descolonización era un proceso imparable y exigido por la ONU a la que nuestro país acababa de incorporarse en 1955.

   
   

               Perdido ya cualquier derecho sobre Marruecos al alcanzar este su independencia el 2 de marzo de 1956, por Decreto de 21 de agosto de 1956 se crea la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas como mero cambio de nombre de la anterior Dirección General de Marruecos y Colonias, y a la que se encarga de la gestión de los territorios de Guinea Española, Sahara-Ifni y plazas del norte de África. Por Decreto de 10 de enero de 1958 se crean las provincias de Ifni y del Sahara Español, lo que viene a ser elevado a rango de ley por la Ley de 19 de abril de 1961. Este período dura muy poco tiempo como veremos a continuación.

   
   

3. Descolonización ordenada: El término “provincia” otorgado al Sahara no debe confundirnos porque nunca se pretendió que el Sahara fuera considerado del mismo modo que cualquiera de las otras provincias españolas. Era más bien un escudo o impedimento o pretexto para eludir o dilatar el proceso de descolonización.

   
   

            El Consejo de Estado, en sus Dictámenes del 20 de junio de 1968 y 7 de noviembre de 1968, dejó dicho que la denominación de “provincias” a las Provincias Africanas era un “mero medio instrumental de organización administrativa”, pero que no puede afirmarse que las antiguas colonias formaran entonces o hubieran formado parte nunca del territorio nacional. A mayor abundamiento, en ningún punto de la ley de 1961 o en el Decreto de 1958 se afirma que los naturales del Sáhara ostenten la nacionalidad española ni se acordó otorgársela como sí hizo Francia, por ejemplo, con los habitantes de la Polinesia Francesa.

   
   

                 El artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, recoge la vocación de los pueblos a obtener su propio gobierno y la obligación de las potencias coloniales de actuar en beneficio de esos pueblos facilitando sus aspiraciones políticas. En su sesión del 9 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU aprobó su Resolución nº 9 sobre Territorios No Autónomos, definidos como “los separados geográficamente del país que los administra y étnica y culturalmente distintos del mismo” que están llamados a obtener su autodeterminación.  La importantísima Resolución 1541 de 15 de diciembre de 1960 fija la obligación de las potencias administradoras de suministrar información detallada a la ONU sobre la situación del territorio administrado y establece las condiciones en las que ese territorio puede acceder a la independencia, a la asociación con otro estado o a su integración en el mismo.

   
   

                 A pesar de la aprobación de la ley de 19 de abril de 1961 creadora de la provincia del Sahara, el Ministerio de Asuntos Exteriores actuó en consecuencia con la Resolución de Naciones Unidas 1514 respecto del Sáhara conforme a su auténtico estatuto de “territorio no autónomo” de acuerdo con el Derecho Internacional. Por eso mismo el 18 de mayo de 1961, ni siquiera un mes después de la aprobación de aquella ley, y por primera vez, el embajador de España ante la ONU intervino en la 239ª sesión de la Comisión para la Información Sobre Territorios No Autónomos dando cuenta de la situación del Sáhara, lo que implicaba reconocer su carácter colonial y la necesidad de su autodeterminación.

   
   

                     A fin de ir avanzando en la descolonización del Sahara, y para ir dotando al territorio de instituciones de autogobierno, el 11 de mayo de 1967 se crea la Yemaá, una especie de Parlamento o Asamblea General, integrada por un centenar de Chiujs o notables del Sáhara. Y el 5 de diciembre de 1969 se transforma la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas en la Dirección General de Promoción del Sáhara, donde vemos que el nombre de “provincia” ya no se aplica a ese territorio.

   
   

                     Hay que recordar, como ya hemos visto, que España estaba en ese momento acometiendo la descolonización de Guinea Ecuatorial con un proceso que era idéntico al que se quería seguir en el Sahara.

   
   

                   El plan español de ir creando instituciones que permitieran el autogobierno del territorio no estaba en consonancia con las pretensiones de la ONU, cuya Asamblea General aprobó en su sesión de 14 de diciembre de 1970 la Resolución 2711 que exigía a España la inmediata celebración del referéndum de autodeterminación.

   
   

                     No obstante lo anterior, España sigue con su plan. El 20 de febrero de 1973, la Yemaá dirige una petición al general Franco en demanda de autonomía, y el 21 de septiembre de 1973 Franco envía su respuesta a la Yemaá ofreciendo un Estatuto de Autonomía que debería ser elaborado por la propia Yemaá de acuerdo con unas bases enumeradas en esa carta. Las propias bases contenidas en la carta se someten a la aprobación de la Yemaa, es decir, que ni siquiera eran unas condiciones unilaterales, sino unos principios que podían ser libremente asumidos o rechazados por los representantes del Sahara. Según el procedimiento marcado en la carta del general Franco, el proyecto de Estatuto de Autonomía redactado por la Yemaa debería ser luego aprobado por Ley. En la carta se dejaba claro que la aceptación de las bases por la Yemaa “no menoscaba el derecho de la población saharaui a la autodeterminación sobre su futuro, del que esta nueva etapa es preparación necesaria”, y que el Estado Español “garantizaba solemnemente” el derecho de autodeterminación del Sahara cuando la población lo solicitara conforme a las disposiciones de la ONU. El documento comprensivo de la carta del Jefe del Estado fue depositado en la Secretaría General de la ONU.

   
   

                  El 4 de julio de 1974 la Yemaá aprueba por unanimidad el Estatuto del Territorio del Sáhara. Cuatro días más tarde, Francisco Franco sufre una tromboflebitis y el entonces Príncipe Juan Carlos asume temporalmente la Jefatura del Estado. Marruecos inicia una campaña en contra del Estatuto por todo el mundo árabe y el resto de la comunidad internacional con gran éxito, porque la ONU solicitó a España la no aprobación del Estatuto.

   
   

                     Mientras todo este proceso de descolonización se va desarrollando, el 10 de mayo de 1973 se funda el Frente Polisario, y diez días más tarde cometen su primer acto terrorista atacando el puesto fronterizo militar de Janguet Quesat a cinco kilómetros de Marruecos. El que dirigía ese ataque fue Brahim Gali, primer Secretario General del Frente Polisario, al que el gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero concedió la nacionalidad española en el año 2006, y al que el gobierno de Pedro Sánchez acogió en el año 2021 en nuestro país por “razones humanitarias” para hospitalizarlo en Logroño, generando una grave crisis diplomática con Marruecos aún no resuelta a la fecha de redacción de este artículo.

   
   

4. Independentista: Como acabamos de ver el plan de España era ir construyendo unas instituciones y un marco jurídico en el territorio del Sahara para que el pueblo saharaui pudiera hacerse cargo de su autogobierno cuando se celebrara el referéndum de autodeterminación que condujera a su independencia. Es decir, España nunca se planteó salir corriendo del Sahara como tampoco lo hizo en Guinea.  Pero en vista de que la ONU no aceptó el proceso de descolonización progresiva iniciado por España, a nuestro país sólo le quedaban ya dos opciones: la concesión de la independencia al territorio, o la retirada unilateral.

   
   

                     Para cumplir con sus obligaciones como potencia administradora y cumplir también con las resoluciones de la ONU, España anunció en agosto de 1974 la convocatoria de un referéndum de autodeterminación del Sáhara para antes del 31 de mayo de 1975. El tema parecía resuelto: bastaba que la Asamblea General de la ONU aprobase la consulta sobre la autodeterminación y fijase la fecha del referéndum. Marruecos no quería tal referéndum (sigue sin quererlo) y provocó una táctica dilatoria solicitando el 17 de septiembre de 1974 un dictamen al Tribunal Internacional de La Haya sobre la cuestión del dominio histórico del Sáhara. Sorprendentemente la Asamblea General aprobó la propuesta del Rey de Marruecos el 3 de diciembre de 1974, y por esa causa pidió a España la suspensión del referéndum. El 30 de enero de 1975, siguiendo escrupulosamente lo solicitado por la ONU, el Gobierno acordó suspenderlo. Decimos que la actitud de la ONU era sorprendente porque por un lado exigía a España la inmediata independencia del Sahara, y por otro aceptaba preguntar al tribunal de la Haya sobre el derecho de Marruecos a hacerse con el territorio, lo que obviamente impediría su independencia.

   
   

                     En realidad, España tuvo que lidiar con intereses muy dispares. A Marruecos y Mauritania no les interesaba en absoluto la autodeterminación del pueblo saharaui porque tenían ambiciones de anexión de todo o parte del territorio del Sáhara. Argelia quería un estado independiente, pero satélite del suyo a través del Frente Polisario, al que prestó ayuda militar y política de todo tipo.  En aquellos años, en plena Guerra Fría, Argelia era un leal aliado de la URSS frente a un Marruecos y una España pro occidentales, y el bloque soviético no quería de ninguna manera que surgiera un nuevo país fuera de su órbita. A Marruecos tampoco le interesaba que el territorio del Sahara resultara ser un país viable institucionalmente porque lo que quería, y sigue queriendo, es anexionárselo. Para impedir esta posibilidad Marruecos boicoteaba cualquier paso en la creación de instituciones políticas sólidas en el Sahara que garantizaran la independencia del país resultante. Y en el mismo sentido, Argelia promovía a un Frente Polisario socialista y pro soviético que tomase el control del territorio ante un previsible vacío de poder. Argelia se constituyó en el santuario desde el que el Polisario podía acosar a España en el Sahara proporcionándole bases seguras, e incluso prestó su suelo para que el frente Polisario mantuviera prisioneros a docena y media de soldados españoles.  A fecha de hoy Argelia sigue siendo el principal aliado de un Frente Polisario que difícilmente sobreviviría sin su ayuda.

   
   

                   En ese ambiente, el Gobierno invitó a una misión de la ONU a visitar el Sáhara, lo que se hizo entre el 12 y el 19 de mayo de 1975. El Frente Polisario dominó la situación en la calle, y protagonizó todo tipo de manifestaciones y disturbios en demanda del fin inmediato de la presencia española en el territorio. Todo ello fue combinado en el tiempo con la captura por los polisarios de dos patrullas nómadas, de la detención por las autoridades españolas de diez grupos de comandos infiltrados en el Sahara, y con la perpetración por estos de diversos atentados. Los disturbios fueron de tal magnitud que fue preciso establecer el toque de queda y rodear de alambradas el barrio europeo de El Aaiún.

   
   

                     España sacó las consecuencias lógicas. Cuatro días después de la visita de la misión de la ONU, el 23 de mayo de 1975, el Gobierno remitió una carta al Secretario General de la ONU comunicando que, tras los acontecimientos sucedidos durante la visita, España había contrastado la “inequívoca voluntad de independencia” del pueblo saharaui, y anunciaba su voluntad de poner fin a nuestra presencia como Potencia Administradora.  El Gobierno hizo ver a la ONU que la situación era insostenible: por un lado existía todo un corpus de resoluciones de la ONU que nos obligaba a la descolonización y que nosotros aceptábamos; por otro, se nos impedía celebrar el referéndum de autodeterminación por acuerdo de la propia ONU; además existían fuertes presiones de países vecinos que incluso habían movilizado unidades en las fronteras, lo que anunciaba un escenario bélico que no deseábamos; y para colmo el Frente Polisario hostigaba a la población dentro del territorio contra España y los españoles en demanda de su salida inmediata. Nuestro país solicitó, en fin, a la ONU que o bien convocara una Conferencia Internacional, con presencia de todas las partes en conflicto que diera una solución definitiva; o bien que señalara quién debía hacerse cargo de la administración del Sáhara. Lo que España buscaba era que la propia ONU se responsabilizara de la administración y enviara la fuerza armada que estimase conveniente para garantizar la paz en la zona. No necesito decir que, más allá de entorpecer los pasos dados por España, la ONU no hizo nada de esto.

   
   

                 Durante el verano de 1975 el Gobierno preparó con urgencia un plan de evacuación denominado “operación golondrina”, que explica por qué meses más tarde pudimos llevar a cabo esa evacuación de modo ordenado a pesar de que la decisión definitiva se tomó con unos pocos días de antelación.

   
   

5. Retirada Unilateral: Si a España no se le permitió, como no permitía el Derecho Internacional, asimilar el Sahara a su territorio; si tampoco se le permitió el desarrollo ordenado de instituciones antes del referéndum de independencia, que se exigía fuera inmediato; si cuando se pretende convocar el referéndum la propia ONU lo boicotea; entonces a España no le quedaba otra opción que salir del Sahara cuanto antes.

   
   

                    Hemos visto cómo los acontecimientos del mes de mayo de 1975 dieron al traste con cualquier posibilidad de permanencia de España en el Sahara, pero es que el mes anterior, el 28 de abril de 1975, el Rey de Marruecos convocó la llamada Marcha Verde para tomar posesión de nuestra antigua colonia unos meses más tarde. La Marcha Verde estaba compuesta por unos 350.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, a los que se condujo a la invasión del territorio del Sahara. Detrás de ellos marchaban también unos 25.000 soldados marroquíes. El 6 de noviembre de 1975 comenzó el avance de semejante masa humana desde Marruecos hacia el Sahara. El plan parecía claro: si al cruzar la frontera los soldados españoles disparaban sobre mujeres y niños desarmados, a los 25.000 soldados de la retaguardia “no les quedaría más remedio” que acudir en su defensa por razones humanitarias. En caso de no usar la fuerza, las tropas del Ejército allí desplegadas habrían quedado embolsadas por esa enorme multitud cayendo cautivas de las fuerzas militares marroquíes que la acompañaban. Ambas posibilidades eran inaceptables para España porque hubieran deshonrado a su Ejército, genocida en un caso y cobarde en el otro. Para evitarlo, se ordenó retrasar la posición de la fuerza desplegada hacia el interior y minar la zona entre las nuevas posiciones y la frontera. Esa estrategia dio resultado, porque nada más cruzar la frontera, la Marcha Verde detuvo su avance. El 7 de noviembre el Ministro de la Presidencia, don Antonio Carro viaja a Rabat para entrevistarse con el Rey Hasan II, quien accede a ordenar la retirada de la Marcha Verde y obtiene del ministro una carta en la que este se compromete a convocar una negociación tripartita entre España, Marruecos y Mauritania para la resolución definitiva del problema del Sahara.

   
   

                En cumplimiento de ese compromiso España convoca la Conferencia de Madrid, que el 14 de noviembre de 1975 acuerda la constitución de una Administración Temporal con presencia de Marruecos y Mauritania junto a la española, en colaboración con la Yemaá como legítima representante del pueblo saharaui, y prevé nuestra salida del Sáhara antes del 28 de Febrero de 1976. El 18 de noviembre de 1975, dos días antes del fallecimiento del general Franco, el ministro de la Presidencia compareció ante las Cortes para presentar el proyecto de ley de descolonización del territorio, que quedó aprobado. El día siguiente el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 40/1975 de 19 de noviembre sobre Descolonización del Sahara, sancionada por el Príncipe de España don Juan Carlos de Borbón como Jefe del Estado en funciones.

   
   

                     Cumpliendo con sus compromisos, España fue evacuando ordenadamente y durante los dos meses siguientes todas sus posiciones en el Sahara. A medida que nos íbamos retirando los ejércitos marroquí y mauritano iban ocupando las posiciones abandonadas por los españoles. Si la ONU hubiera enviado una misión de paz, esto no habría sucedido nunca. El 26 de febrero de 1976, reinando ya don Juan Carlos I de Borbón, se arriaba por última vez la Bandera de España en el territorio del Sahara poniéndose fin a casi un siglo de dominio español. El 27 de febrero el Frente Polisario proclamó la constitución de la República Árabe Sahara ui Democrática con control efectivo de la parte del territorio que no había sido ocupada ni por Marruecos ni por Mauritania.

   
   

                     Los ataques del Polisario a España no cesaron tras nuestra salida del Sáhara. Los acuerdos pesqueros de 1976 entre España y Marruecos supusieron para los polisarios un motivo más para continuar con sus agresiones a España y, en efecto, el 7 de Abril de 1977 el Polisario debuta en el ametrallamiento de pesqueros españoles con el que efectuó contra el Pinzales, que navegaba a milla y media del Cabo Levén, entre Villa Cisneros y Bojador. El día 13 siguiente, el representante del Frente Polisario en España, Ahmed Bujari, dio una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria en la que dijo que “no garantizamos la vida de los que transiten por el Sáhara o por sus aguas territoriales. Muy poca gente creía que nosotros podíamos hacer ataques por mar, pero hoy se ha de saber que somos capaces”. Esta misma persona fue la que en 1978 ofreció a las familias de los pescadores canarios “hambre u orfandad”, razón por la que finalmente fue expulsado de España. El Polisario llegó incluso a ametrallar en el año 1985 una patrullera de la Armada española (el Tagomago) causando varias víctimas. El 8 de Octubre de 1985, Mohamed Fadel, segundo de la Oficina del Frente Polisario en Madrid reconocía la autoría de la acción en una entrevista concedida al diario La Verdad de Murcia. En total el Polisario ha atacado 27 buques de bandera española causando 207 muertos, heridos o secuestrados; prácticamente todos compatriotas nuestros, a excepción de algunos extranjeros enrolados en la tripulación.

   
   

                     El Frente Polisario mantuvo estrechos lazos con algunos de los recién creados o legalizados partidos políticos españoles, esencialmente con el PSOE y con el PCE, que eran los que estaban en su órbita ideológica. Al Polisario le fue otorgado el estatus de “miembro consultivo” por la Internacional Socialista en el año 2017, y el PCE comenzó a organizar desde el año 1979 un programa de acogida de niños saharauis en familias españolas durante las vacaciones escolares de verano. Desde entonces la izquierda española ha brindado toda clase apoyos al Frente Polisario hasta el inesperado giro a la política exterior española dado por el gobierno de Pedro Sánchez, que aún está sin explicar.

   
   

   Un apunte sobre la nacionalidad: Cuando España había salido ya del Sáhara, sin que ninguna norma del Derecho Internacional se lo exigiera, se dictó el Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto de 1976 que permitía a los habitantes del Sáhara español optar por la nacionalidad española. Se les concedió un plazo de un año para poder comparecer ante el juez encargado del Registro Civil de su lugar de residencia en territorio nacional, o ante el Cónsul español correspondiente, aportar la documentación de identidad expedida a su favor por las autoridades españolas en su momento, y manifestar su voluntad de optar por la nacionalidad española. Fueron pocos los saharauis que hicieron uso de este derecho, y hay que reconocer que no era sencillo para ellos emigrar a territorio español o acudir a un consulado español en el extranjero, pero ello no obsta para reconocer que España les dio la posibilidad de convertirse en españoles a todos los efectos. Existe ahora un movimiento tendente a otorgar la nacionalidad española a los saharauis sobre la base de reconocer que fueron españoles, lo que no es cierto. Tan no era cierto que por eso mismo se exigía otorgarles la independencia. Los saharauis nunca fueron españoles, jamás tuvieron la nacionalidad, ni dispusieron de DNI español. Eran súbditos de España, pero no ciudadanos españoles. Esa era la lógica del mundo colonial ya superado.

Conclusiones

                  España no se desentendió de su colonia del Sahara como algunos siguen empeñados en hacernos creer. Por el contrario, España respetó el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU en materia de descolonización de un modo más que notable. España tenía un plan de descolonización ordenada que era copia del ejecutado con éxito en Guinea Ecuatorial y que permitió a este territorio alcanzar su independencia de modo pacífico, constituyendo un estado viable y con capacidad para controlar sus fronteras. La voluntad de España era la misma para el Sahara. Todas las etapas seguidas en Guinea se fueron dando casi en paralelo en el Sahara, pero hubo algunas diferencias que lo frustraron todo pese al empeño puesto por España. La primera fue que el referéndum de autodeterminación que se hizo en Guinea no pudo celebrarse en el Sahara porque inexplicablemente la ONU lo impidió, como ya hemos visto. La segunda fue que dos países colindantes con el Sahara, Marruecos y Mauritania, querían abalanzarse sobre el neonato país, cosa que no ocurría en Guinea. La tercera, fue que en el Sahara existía un movimiento insurreccional de ideología marxista, apoyado por otro país soberano, Argelia, que no aceptaba el proceso de descolonización ordenada porque quería apoderarse del territorio y del poder. El Polisario carecía de cualquier legitimación democrática, y de haber prosperado el proceso iniciado por España tendría que haber medido sus fuerzas en las urnas con otras opciones políticas, como le sucedió a otros movimientos políticos en Guinea. La Historia nos demuestra que comunismo y democracia no son conceptos compatibles. El plan del Polisario era muy sencillo: echar a España y ocupar el poder por la fuerza. No contaban con que Marruecos quería hacer lo mismo y era mucho más fuerte que ellos. Les salió mal la jugada.

                  La ONU no solo no fue una ayuda en la descolonización del Sahara, sino que su comportamiento es la causa principal de la actual situación. La ONU tenía una actitud errática y contradictoria que por un lado exigía a España una descolonización inmediata ya desde los años sesenta del pasado siglo, y por otro impedía la celebración del necesario referéndum de autodeterminación que España quería convocar. Además, se negó a enviar cascos azules que garantizaran la independencia del territorio una vez que España fue forzada a abandonarlo. Hoy día el gran problema del Sahara es si se celebra o no el referéndum y con qué censo. España tenía resuelto el asunto para mayo de 1975, pero la ONU lo impidió.

                  No suelen gustarme los ejercicios de ucronía, es decir de intentar saber qué hubiera pasado si los acontecimientos de la Historia se hubieran producido de manera distinta a como realmente acontecieron. Pero no es difícil pensar, a la vista de que la decisión de poner fin a nuestra presencia en el Sáhara como potencia administradora se adopta precisamente tras el despliegue de manifestaciones de repulsa hacia España hecho por el Frente Polisario, de sus ataques terroristas y del apresamiento, asesinato y tortura de soldados españoles, que si hubiéramos contado con la paz interna del territorio, nuestra voluntad de permanencia para agotar los pasos de la autodeterminación del pueblo saharaui hubiera sido muy distinta. El Polisario quería echarnos del Sahara y tuvo éxito en su pretensión. Su problema fue que otros se le adelantaron para tomar posesión de lo que España dejaba detrás. Si ahora tiene que lamentarlo es en gran parte algo causado por sus propios actos. Pero de eso España no es culpable. Y si los saharauis quieren encontrar uno, deberían empezar por el Frente Polisario.